[es] Cómo envenenar una democracia: decretos, blindaje y carrera de obstáculos
Argentina se reconfigura bajo las reglas de un poder que no quiere ser fiscalizado
Javier Milei está configurando una Argentina que parece hecha a medida de sus objetivos. En febrero de 2025, su Gobierno suspendió las PASO —las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para definir los candidatos que competirán en las elecciones generales. El argumento que dio fue la reducción del gasto público. La medida supuso mucho más que un ahorro electoral: elimina uno de los pocos mecanismos que permitían que la ciudadanía participara en la selección de candidaturas y fiscalizara las estructuras partidarias. Sin primarias, sin preguntas, sin acceso garantizado a la información pública, el Gobierno avanza en una transformación institucional que, bajo el pretexto de la eficiencia económica, desactiva los controles democráticos. La retórica de la transparencia de Milei contrasta con las decisiones que la contradicen y con un cierre informativo que también justifica con un recorte de gastos. La comunicación ahora es directa y por redes sociales, sustituyendo que el debate sea en las instituciones y que el relato lo cuenten los profesionales, los periodistas.
En la Argentina de Milei, la información pública se ha convertido en un bien escaso. Lo que hasta hace poco era una rutina —consultar un gasto oficial, asistir a una rueda de prensa, solicitar datos por vía institucional— hoy es una carrera de obstáculos. O, directamente, un muro. Esto es así desde septiembre de 2024, cuando el Gobierno firmó el Decreto 780/2024: una modificación clave de la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275) que permite que los organismos del Estado nieguen el acceso a información considerada de “naturaleza privada”.
“Esto no solo nos perjudica a nosotros como periodistas, también a la ciudadanía, que pierde el derecho a saber cómo se gestiona el Estado”
Belén Escobar, periodista de Bloomberg Línea
Para conocer los datos, gastos y otras informaciones de las instituciones, antes, bastaba con rellenar un formulario en la web oficial. Aunque tardaran semanas, el Estado debía responder. Ahora, con el nuevo decreto, esa obligación ha desaparecido. Las oficinas de comunicación de las instituciones tampoco ayudan: “Responden poco y mal”, explica Belén Escobar, acreditada en el Ministerio de Economía y periodista de Bloomberg Línea. “Esto no solo nos perjudica a nosotros como periodistas, también a la ciudadanía, que pierde el derecho a saber cómo se gestiona el Estado”.
A ese decreto se suma el anuncio de la Resolución 1319/2025, hecho el 23 de mayo, donde se especifican los nuevos criterios para la acreditación periodística en la Casa Rosada. Adorni es quien firma la medida publicada en el Boletín Oficial y quien está al frente de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública —que se encargará de la aplicación y gestión de esta. “La idea, desde el principio de mi gestión, es que la sala de prensa sea cada vez más profesional”, declaraba Adorni en el anuncio de la nueva regulación. Los criterios para que los periodistas obtengan la acreditación ahora incluyen: cumplir con un procedimiento detallado para solicitar el acceso, la reducción de periodistas autorizados en la sala de conferencias, un código de vestimenta, la firma de una declaración jurada obligatoria, la restricción de los espacios dentro de la casa de Gobierno y pasar una evaluación que se usará para aprobar (o no) dicha solicitud.
Estas modificaciones —el Decreto 780/2024 en la Ley de Acceso a la Información y la Resolución 1319/2025 que regula la acreditación en la Casa Rosada— junto con la suspensión de las PASO, se inscriben dentro de una política de reducir al mínimo la interlocución con la prensa. Ahora, no hay ruedas de prensa abiertas ni conferencias con acceso libre, sino que los anuncios se hacen a través de redes sociales o con los informes diarios de Adorni, donde no hay espacio para preguntas. La promesa de transparencia de Milei se diluye tras un modelo de gobierno opaco y centralizado.
Esta estrategia de comunicación vertical y unidireccional no solo se mantiene, sino que se refuerza. En mayo de 2025, Adorni ha liderado la candidatura de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ha ganado con el 30% de los votos. Su victoria, en una plaza históricamente controlada por Propuesta Republicana (PRO), constata que el mileísmo tiene la plaza asegurada. El portavoz que restringe las preguntas desde el micrófono presidencial ahora también es legislador electo. El rechazo hacia los medios tradicionales parece una estrategia electoral rentable.
“La sensación que tenemos los periodistas es que hay una norma general: evitar que trascienda nada”, dice Mariano Espina, periodista especializado en economía y energía. Dice que ahora no se acostumbra a responder preguntas concretas y que desde que Milei asumió el cargo, ningún funcionario del Gobierno Nacional ha concedido una entrevista a Bloomberg Línea, medio en el que escribe. “Las pocas entrevistas se limitan a medios afines”, añade.
Hacer periodismo en la Argentina de 2025 se parece cada vez más a una carrera de fondo contra la opacidad, el desprecio institucional y el hostigamiento digital. Y el acoso no es solo administrativo, también es físico, simbólico y emocional. Carolina Ramos lleva 14 años acreditada en el Congreso Nacional y preside el Círculo de Periodistas Parlamentarios. Dice que, en el Congreso, los periodistas fueron desalojados de sus palcos dos veces durante actos presididos por Milei: primero, en septiembre de 2024, en la presentación del presupuesto y, después, en marzo de 2025, durante la apertura de sesiones legislativas. “Nos echaron sin aviso y nos colocaron en un espacio sin condiciones mínimas para trabajar. Nos rodeaban militantes libertarios que luego nos atacaban en las redes.” Y añade que es la primera vez en democracia que los periodistas no tienen acceso a su lugar.
paula valls
En el Ministerio de Economía el número de periodistas acreditados se ha reducido a la mitad en un año y medio. Según Belén Escobar, acreditada en el Ministerio, cada día hay nuevas trabas: “colegas que antes entraban directamente con la huella digital, ahora tienen que pedir autorización y esperar”. Añade que en la Casa Rosada han retirado las acreditaciones a medios internacionales y que ahora, una periodista que cubre la presidencia puede quedarse fuera de un acto porque su medio ya no figura en la lista “aprobada”. A veces, ni los portavoces responden los mensajes: “Te dicen ‘consulto’, pero la respuesta nunca llega”. “Es el gobierno más hermético que he vivido en diez años de profesión”, resume Escobar.
Decretos para diluir el debate parlamentario
Carolina Ramos, presidenta del Círculo de Periodistas del Congreso Nacional, denuncia que la Presidencia tome decisiones sobre espacios que son competencia del Congreso, como los palcos de prensa, sin que las autoridades legítimas se opongan. La escena, dice, revela una subordinación del poder legislativo al ejecutivo. “¿Querían que estuviéramos de espaldas a Milei?”, pregunta agitada. Está segura de que lo hicieron porque temían que los periodistas vieran algo que querían ocultar.
La centralización del poder, el uso de decretos como sustituto del debate parlamentario, el desmantelamiento de mecanismos de control (como Télam o la Televisión Pública) y el silencio institucional, configuran una lógica política que busca ejercer el poder sin intermediarios. Javier Borelli, del medio independiente Cenital, afirma que Milei ganó sin un partido fuerte ni una trayectoria política y que eso cambia el paradigma. Cree que es muy grave que su modelo económico esté precarizando el trabajo y desmantelando la república federal.
Una democracia debilitada: “Sin control y, por tanto, sin espejo”
Marcos del Pino, politólogo y activista
Marcos del Pino, politólogo y activista, alerta de que el Gobierno de Milei está tocando aspectos muy sensibles del sistema democrático y que el peligro es que se convierta en un precedente. “Una minoría fuerte en el Congreso puede gobernar sin control”, dice. Explica que el Decreto 780/2024, que restringe el acceso a la información pública, es un ejemplo claro: “Fue aprobado sin debate parlamentario, ni revisión judicial, ni consulta ciudadana”. “Que el Ejecutivo gobierne por decreto, como está ocurriendo, desequilibra todo el sistema”, y aunque es legal, no considera que sea legítimo. Del Pino cree que está emergiendo una democracia formal, pero debilitada: “Sin control y, por tanto, sin espejo”.
Periodismo de exilio y autocensura
Las agresiones más frecuentes tienen lugar en las redes sociales, donde se cruzan la agresividad política y la violencia de género. Un informe de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) publicado en marzo de 2025, aporta datos: el 70% de las periodistas encuestadas sufrió violencia psicológica, el 53% acoso, el 40% violencia digital y el 39% violencia institucional. Los agresores más comunes son funcionarios públicos, altos cargos de medios de comunicación y compañeros varones. Las agresiones más fuertes se dirigen a mujeres. Un caso extremo es el de Luciana Peker, que acabó marchándose a España por las amenazas que recibió, explica Javier Borelli, de Cenital. Según FOPEA, 150 periodistas han denunciado consecuencias en su salud mental: ansiedad, insomnio y enfermedades autoinmunes. Es por eso que algunas han abandonado la profesión.
La violencia digital conduce a la autocensura porque muchos periodistas están borrando publicaciones o han dejado de firmar textos que pueden comprometerlos. Otros han tenido que pedir asilo político en el extranjero después de recibir amenazas de muerte por parte de personas vinculadas a fuerzas de seguridad. “El presidente retuitea agresiones a periodistas. Eso genera un clima de hostilidad permanente”, dice Carolina Ramos. “El año pasado, tres compañeras fueron atacadas por compartir una nota sobre uno de los tuiteros del presidente. Llegaron a recibir carpetas difamatorias”.
La resistencia de seguir informando
“Es muy difícil escribir noticias cuando no hay información oficial disponible”, dice Mariano Espina, acreditado en la Casa Rosada. Y lo más injusto, dice, es que luego los funcionarios se quejan de lo que publican los periodistas: “¿Cómo quieren que informemos, si nos tapan los ojos?”. Ante el blindaje institucional, la falta de respuestas oficiales y el hostigamiento digital, los periodistas están tejiendo nuevas formas de trabajo, colaboración y apoyo mutuo.
El periodismo se ha vuelto más horizontal, más cooperativo, más atento a los pasillos y a las fuentes informales. La estrategia más común de quienes siguen informando es hacerse presente en los ministerios, en los actos y en los pasillos para poder preguntar directamente si aparece un funcionario, explica Espina. Dice que cualquiera de los trabajadores intermedios de la Administración puede tener la clave para reconstruir una información que el Gobierno no quiere compartir.
“Los compañeros se coordinan para hacer preguntas clave, compartir respuestas y seguir líneas que los medios hegemónicos ignoran”
Javier Borelli, periodista de Cenital
También se están formando alianzas entre medios alternativos para cubrir las conferencias del portavoz presidencial, donde solo algunos periodistas tienen acceso. Según Javier Borelli, de Cenital, estas coberturas colaborativas se han vuelto esenciales para evitar que el filtro ideológico determine quién puede preguntar y quién no. “Los compañeros se coordinan para hacer preguntas clave, compartir respuestas y seguir líneas que los medios hegemónicos ignoran”, explica Borelli. Dice que con esta estrategia pudieron identificar al agresor de un fotoperiodista en una manifestación.
El Círculo de Periodistas Parlamentarios del Congreso, que agrupa a cerca de 40 acreditados permanentes, se ha convertido en un espacio de defensa activa. Carolina Ramos asegura que están más unidos que nunca, que se hacen asambleas, se organizan para denunciar las arbitrariedades y que lograron que diputados de todos los bloques les dieran apoyo. “Esta unidad es nueva y necesaria”. Belén Escobar, explica que antes, entre los periodistas de economía, se respiraba un ambiente muy competitivo. “Ahora tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos datos, contrastamos información, avisamos si hemos recibido respuesta de una fuente…”. Dice que eso antes no pasaba y que, ahora, si alguien consigue algo lo comparte.
“Hay que resistir, adaptarse y seguir contando lo que pasa”
Belén Escobar, periodista de economía
Las redes sociales también son espacios de visibilización para los periodistas. Escobar dice que cuando el Gobierno desmiente una noticia en redes sin aportar información alternativa, son los mismos periodistas quienes, públicamente, reclaman las entrevistas que no les han dado. Las redes se han convertido en un espacio para denunciar actos, exponer obstáculos y convocar coberturas compartidas. Estas estrategias no sustituyen a un sistema institucional funcional, pero permiten mantener una práctica periodística digna en un contexto hostil. Según Escobar, “hay que resistir, adaptarse y seguir contando lo que pasa”.